Fiscalía reactiva orden de captura contra alias Calarcá si Gobierno de Petro no actúa antes de marzo de 2026

La Fiscalía General de la Nación ha puesto un plazo definitivo al Gobierno de Gustavo Petro: si antes de que finalice marzo de 2026 no toma decisiones claras sobre la continuidad de las negociaciones con las disidencias de las Farc, reactivará la orden de captura contra su líder, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Esta advertencia directa marca un punto de tensión crítica entre la justicia y la política de 'Paz Total', señalando que la paciencia institucional tiene un límite.

La amenaza de la Fiscalía no es un gesto aislado, sino una respuesta a la persistencia de actos criminales atribuidos a la estructura que comanda Calarcá. Estos hechos han puesto en duda pública el compromiso real de la disidencia con el proceso de paz. Es crucial destacar que, desde el inicio de los acercamientos, el Gobierno había suspendido varias medidas judiciales en su contra, incluidas órdenes de captura, como un gesto de buena fe para las negociaciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, a pesar de esa supuesta voluntad de diálogo, las acciones del grupo en el terreno no han cesado.

Este ultimátum judicial coloca al Gobierno de Petro en una encrucijada. Por un lado, presiona para que defina con claridad y resultados el futuro de las negociaciones con esta facción armada. Por otro, reactiva el espectro de la acción penal contra un líder clave, lo que podría descarrilar por completo el frágil proceso. El plazo de marzo de 2026 funciona ahora como un reloj que mide tanto la efectividad de la política de paz como la credibilidad de las disidencias. El incumplimiento reactivaría no solo una orden de captura, sino un escrutinio intenso sobre la viabilidad misma de la 'Paz Total' con grupos que continúan operando.