Empleada bancaria en La Dorada judicializada por filtrar datos de clientes a red de extorsión carcelaria

Una empleada de un banco en La Dorada, Caldas, ha sido judicializada por la Fiscalía General de la Nación, acusada de ser el enlace interno de una red criminal que opera desde la cárcel. Queila Maryuri Orozco Trujillo es señalada de suministrar información sensible de clientes a integrantes de una estructura delictiva que opera desde la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. Su rol habría sido fundamental para que los reclusos suplantaran a las víctimas y adelantaran trámites financieros fraudulentos, especialmente solicitudes de crédito.

Según la investigación, Orozco Trujillo presuntamente accedía a los datos de los usuarios desde la sucursal bancaria donde trabajaba y los compartía directamente con los reclusos. Este flujo de información permitió a la red criminal ejecutar fraudes de manera más efectiva, utilizando la información personal de los clientes para suplantar su identidad. La operación no se limitaba a la obtención inicial de datos, sino que incluía una fase de seguimiento coordinada.

La estructura criminal habría diseñado un esquema en el que la empleada bancaria alertaba al cabecilla del grupo sobre el momento exacto en que las víctimas recibían notificaciones de los créditos aprobados a su nombre. Esta coordinación permitía a los extorsionadores ejercer presión sobre las víctimas de manera inmediata, aprovechando la confusión y el desconcierto generado por el fraude. El caso expone una vulnerabilidad crítica en la seguridad de la información dentro de las instituciones financieras y revela cómo las redes delictivas dentro de las cárceles pueden infiltrar sistemas aparentemente seguros mediante la corrupción de empleados internos.