Inspección reclama 110 millones a Uber Eats por 60.000 'falsos autónomos'
La Inspección de Trabajo ha dado un paso decisivo en su investigación a Uber Eats, reclamando a la plataforma de reparto aproximadamente 110 millones de euros en cotizaciones sociales impagadas. La acción se basa en la conclusión de que unos 60.000 repartidores que trabajaron entre 2022 y 2026 eran, en realidad, 'falsos autónomos' y debían haber sido dados de alta como asalariados en el régimen general de la Seguridad Social. La magnitud del caso se hizo palpable este jueves cuando miles de esos antiguos repartidores recibieron un SMS masivo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) notificándoles sus nuevos periodos de alta a cuenta de la empresa, un movimiento administrativo sin precedentes que materializa la decisión inspectora.
La investigación, iniciada en el verano de 2023, se centró en la sospecha de que la relación laboral entre Uber Eats y sus repartidores encajaba en la figura de un empleado por cuenta ajena, no de un trabajador autónomo genuino. El reclamo multimillonario cubre las cotizaciones que la compañía habría dejado de ingresar a la Seguridad Social durante ese periodo de cuatro años. Sin embargo, el expediente no está cerrado: aún queda por definir y cuantificar la sanción administrativa que corresponderá a Uber Eats por el uso irregular de esta figura contractual durante años, un extremo que la Inspección mantiene abierto.
Este caso sitúa a Uber Eats bajo una presión regulatoria y financiera extrema en España, y establece un precedente crítico para toda la economía de plataformas y el sector del reparto. La decisión no solo implica una carga económica inmediata, sino que refuerza el escrutinio sobre el modelo de negocio basado en la externalización masiva. El desenlace final, que incluirá la posible apelación de la empresa, podría redefinir las reglas del juego laborales para gigantes tecnológicos que operan con una fuerza de trabajo supuestamente autónoma, con implicaciones directas para miles de trabajadores y para la sostenibilidad del sistema de protección social.