노동감시당국, 6만 명의 '허위 자영업자'指控로 우버이츠에 1억 1천만 유로 요구

La Inspección de Trabajo ha exigido a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones sociales no abonadas, tras identificar 60.000 altas de repartidores como 'falsos autónomos'. Esta reclamación masiva es el resultado de una investigación iniciada en julio del año pasado para verificar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de la plataforma de reparto. La sanción pone un foco directo sobre el modelo de negocio de la empresa, que ahora enfrenta una presión financiera y regulatoria sin precedentes en España.

La investigación, impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, buscaba garantizar que Uber Eats respetara la Ley Rider de 2021. Esta normativa obliga a reconocer como asalariados a los trabajadores que operan bajo la dependencia y organización de la empresa. El procedimiento concluyó que la plataforma mantenía a decenas de miles de repartidores bajo un modelo irregular, lo que les privaba de derechos laborales básicos y de su correspondiente cotización a la Seguridad Social.

Esta reclamación millonaria representa un punto de inflexión en la aplicación de la ley y aumenta la presión sobre todo el sector de las plataformas digitales. El caso de Uber Eats sirve como un precedente claro de las consecuencias de no adaptar los modelos de contratación. La decisión de la empresa, anunciada en enero, de dejar de operar con repartidores autónomos en España parece una respuesta directa a este escrutinio, aunque ahora se enfrenta a la factura por su pasado operativo. El resultado final podría redefinir las reglas del juego para la economía de plataformas en el país.