Colombia: Contratos por $1,49 billones para pasaportes bajo escrutinio de la Procuraduría

La implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia se ha visto envuelta en una turbulencia legal y financiera. La Procuraduría General de la Nación mantiene serios reparos sobre la legalidad de cuatro contratos, por sumas que ascienden a $1,49 billones, suscritos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal. Este escrutinio pone bajo la lupa los pagos millonarios y la transparencia del proceso, generando un ambiente de incertidumbre justo cuando la Imprenta Nacional anunció el arranque oficial del sistema el 1 de abril.

La controversia se centra en la secuencia y oportunidad de estos acuerdos. Un elemento clave es que la Cancillería firmó su cuarto contrato con la Imprenta Nacional para la elaboración de las libretas apenas tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. Este contrato fue registrado en la plataforma pública Secop el 29 de enero, solo dos días antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Garantías, un detalle temporal que agrega complejidad al caso.

La disputa judicial que rodea estos contratos permanece sin resolver, lo que representa un riesgo operativo y reputacional para las instituciones involucradas. La Procuraduría, al cuestionar la legalidad de los acuerdos con la entidad portuguesa, ejerce una presión significativa sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el proceso de modernización documental. Esta situación expone a un proceso de Estado, crítico para la identificación de los ciudadanos, a un escrutinio público por posibles irregularidades contractuales de alto valor.