El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a desclasificar los convenios de reventa y donación de vacunas covid
El Tribunal Supremo ha dado un golpe de autoridad a la opacidad del Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso del Consejo de Transparencia y ordena al Ejecutivo de Pedro Sánchez hacer públicos todos los convenios para revender o donar vacunas covid a otros países. La sentencia revoca directamente el fallo anterior de la Audiencia Nacional, que permitía al Gobierno mantener en secreto el listado completo de acuerdos y los pagos recibidos por España. Los magistrados han sido contundentes al señalar que la Administración no ha aportado "ninguna razón" que justifique que la publicación de estos textos íntegros pueda dañar las relaciones exteriores o el prestigio internacional del país.
El fallo judicial exige ahora la revelación de datos concretos y sensibles que han permanecido ocultos. El Gobierno deberá facilitar información detallada sobre cuántos convenios se firmaron, sus fechas, el número exacto de dosis implicadas, las marcas de las vacunas (como Pfizer o Moderna) y la identidad de los países receptores. Esta transparencia forzada pone el foco en la gestión y el posible beneficio económico derivado del excedente de vacunas durante la pandemia, un capítulo hasta ahora opaco de la administración Sánchez.
La decisión del Supremo representa una presión institucional significativa y reactiva un debate público pendiente sobre el destino de los recursos públicos sanitarios. Aunque la sentencia no implica por sí misma una investigación, la publicación de estos datos podría someter a un nuevo escrutinio la estrategia de deshacerse del stock sobrante, generando preguntas sobre los términos financieros y la selección de países beneficiarios. El Gobierno se enfrenta ahora al mandato de desclasificar información que prefería mantener reservada, en un asunto que toca la gestión de la crisis sanitaria y la rendición de cuentas.