Exfiscal General de Honduras revela 'fuertes presiones políticas' para favorecer a gerente de Koriun Inversiones
El exfiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha reconocido públicamente que durante su gestión enfrentó 'fuertes presiones políticas' destinadas a favorecer al gerente de la empresa Koriun Inversiones, Iván Velásquez. Estas declaraciones directas reavivan el debate sobre la independencia judicial en un momento de intensa agitación institucional, poniendo un caso concreto y un nombre al riesgo de injerencia en el Ministerio Público. Zelaya sostiene que, pese a las presiones, estas no lograron desviar el curso de la justicia, aunque su relato evidencia los mecanismos de presión que operan en las altas esferas.
El contexto actual agudiza la tensión. En las semanas previas, el Congreso Nacional impulsó un inusual juicio político contra el fiscal general en funciones y promovió cambios en la presidencia del Poder Judicial. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, justificó estas acciones como herramientas necesarias para 'frenar una grave distorsión de la justicia'. Este marco institucional convierte las revelaciones de Zelaya en una pieza crítica: mientras las autoridades legislativas hablan de corregir distorsiones, un exjefe del Ministerio Público denuncia presiones externas para influir en casos específicos.
La situación coloca bajo un escrutinio severo la autonomía de los poderes del Estado hondureño. El caso de Koriun Inversiones, junto a otros emblemáticos como 'El Mascarillazo', se erige como un campo de prueba para la fortaleza institucional. Las declaraciones de Zelaya no solo exponen un episodio pasado de presión, sino que alimentan las sospechas sobre si los recientes cambios en el sistema de justicia responden a una genuina depuración o forman parte de una dinámica más amplia de control político. La credibilidad de las instituciones judiciales y la separación de poderes están ahora en el centro de la disputa.