Gobierno se desmarca de los ceses de Pallete y Escribano en Telefónica e Indra, atribuyéndolos a 'gobernanza habitual'
El Gobierno español ha tomado distancia pública de las formas utilizadas para los relevos en las presidencias de Telefónica e Indra, dos gigantes con el Estado como principal accionista. En respuesta a las críticas de la oposición, el Ejecutivo ha enviado dos comunicaciones parlamentarias al Congreso donde se desliga explícitamente de los procesos que llevaron a la salida de José María Álvarez-Pallete y Ángel Escribano. La maniobra busca contrarrestar las acusaciones de injerencia política en dos de las empresas más estratégicas del país.
La posición oficial, plasmada en las respuestas, circunscribe ambos ceses a los 'procesos de gobernanza habituales en las empresas cotizadas'. Este argumento pretende neutralizar el debate sobre una posible presión estatal a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de referencia en ambas compañías. El desmarque oficial llega en un momento de alta sensibilidad por el peso de estas empresas en sectores clave como defensa y telecomunicaciones.
La estrategia del Gobierno sitúa la responsabilidad de los cambios en los consejos de administración de las propias empresas, intentando separar la acción del principal accionista —el Estado— de la decisión corporativa. Este movimiento genera una tensión inherente entre la narrativa de autonomía empresarial y la realidad del poder accionarial estatal, dejando abierta la cuestión sobre el grado real de independencia en los nombramientos de altos cargos en empresas con participación pública mayoritaria.