Alquiler Seguro recurre sanción de 3,6 millones y exige disculpas públicas al ministro Bustinduy

La gestora de alquileres Alquiler Seguro ha anunciado una batalla legal contra el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recurriendo la sanción de 3,6 millones de euros e instando públicamente al ministro Pablo Bustinduy a que "rectifique y pida disculpas". La compañía no solo rechaza la multa, sino que acusa al ministerio de vulnerar derechos fundamentales, defendiendo a ultranza la legalidad de todos sus servicios y negando promover prácticas abusivas.

En una tensa comparecencia, el presidente de la empresa, Antonio Carroza, lanzó una acusación directa, afirmando que el departamento de Bustinduy está "utilizando la mentira". Por su parte, el responsable jurídico, Carlos Sánchez, denunció "irregularidades" en el procedimiento administrativo, calificando la sanción como un "atropello jurídico" que habría ignorado principios básicos del derecho. Este enfrentamiento pone en evidencia una fractura profunda entre la empresa y el regulador, transformando una sanción económica en un conflicto de legitimidad y procedimiento.

El recurso contencioso-administrativo marca el inicio de un litigio que trasciende el monto de la multa, situándose en el terreno de la presunción de inocencia y la libertad de empresa. La exigencia de disculpas públicas añade una capa de presión política y reputacional al caso, señalando una estrategia de confrontación total por parte de Alquiler Seguro. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente significativo sobre los límites de la acción sancionadora del Ministerio de Consumo y la defensa de las empresas frente a lo que perciben como abusos de autoridad.