SIC investiga a Movistar por cobros no autorizados de repetidores WiFi y contratos desactualizados
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa formal contra Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC) por presuntas prácticas que vulneran los derechos de los consumidores. El foco principal son cobros recurrentes por equipos repetidores de WiFi 'Baseport', efectuados sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024, según la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026. La acción responde a múltiples denuncias ciudadanas que evidencian un patrón de facturación inesperada.
La investigación de la SIC apunta a dos frentes de irregularidad. Primero, los cargos por los repetidores, que podrían violar el derecho a la libre elección del consumidor. Segundo, el presunto desconocimiento del derecho a la información, al no mantener actualizado el contrato único de servicios fijos y no garantizar el acceso a su contenido para los usuarios. Esto sugiere una posible falta de transparencia contractual que deja a los clientes en desventaja.
La sanción coloca a Movistar bajo un escrutinio regulatorio intenso en un sector ya sensible a las quejas por prácticas comerciales. El caso expone el riesgo para las grandes operadoras de telecomunicaciones cuando los mecanismos de facturación y la claridad contractual fallan sistemáticamente. Una resolución en contra podría implicar no solo una multa significativa, sino también un mandato para reestructurar sus procesos de cobro y comunicación con los más de cuatro años de clientes potencialmente afectados, generando presión reputacional y financiera.