Exconsejero de Melilla denuncia ante el CGPJ la 'desidia' de la jueza en el caso de corrupción Santiago-Rusadir

Un exconsejero del Gobierno de Melilla ha elevado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada que instruye la operación Santiago-Rusadir, un caso que investiga presunta corrupción y compra de votos. Rachid Bussian acusa a la jueza de una "desidia" que, según alega, lo mantiene en una situación de "absoluta indefensión y abandono" desde hace casi tres años. La acción judicial busca amparo y la restitución de sus derechos, señalando una paralización injustificada del procedimiento que afecta directamente a su situación personal y familiar.

El núcleo del conflicto es el embargo prolongado de una cuenta bancaria del exconsejero, destinada a sufragar los gastos básicos de su familia. Bussian sostiene que, pese a que la Audiencia Provincial de Málaga ordenó su desbloqueo parcial, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha incurrido en una "dilatación y paralización injustificada" para ejecutar esa medida. Esta demora no solo agrava su situación económica, sino que proyecta dudas sobre la celeridad y eficacia de la instrucción en un caso de alto impacto político y social en la ciudad autónoma.

La queja ante el CGPJ sitúa bajo escrutinio la gestión judicial de la investigación Santiago-Rusadir, que involucra a figuras de la legislatura anterior. Más allá del caso individual, el recurso pone presión sobre la administración de justicia en Melilla, cuestionando si las dilaciones procesales están socavando las garantías de los investigados. El episodio refleja las tensiones subyacentes en procesos de corrupción de larga duración, donde las medidas cautelares económicas pueden tener un impacto desproporcionado mientras avanza la instrucción.