Mineros de Camino Rojo, Zacatecas, denuncian amenazas del crimen organizado y omisión de autoridades

Trabajadores de la mina Camino Rojo en Zacatecas denuncian una campaña de amenazas e intimidación por parte del crimen organizado, que ha operado con impunidad ante la inacción de las autoridades federales y estatales. Según una investigación de La Jornada, los integrantes de la Sección 335 del Sindicato Nacional Minero aseguran que esta violencia ha interferido directamente en un proceso laboral crucial para el futuro del yacimiento, elevando el conflicto a un nivel de riesgo extremo para la seguridad personal y la integridad sindical.

El caso ya tiene un expediente formal: el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Los testimonios detallan que, desde noviembre de 2024, el sindicato solicitó reiteradamente la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR). El objetivo era garantizar condiciones de seguridad para un recuento que definiría la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT), una votación que debía realizarse 'sin violencia y sin que ningún trabajador se viera coaccionado'.

La omisión de las autoridades ante estas peticiones formales de protección no solo deja a los mineros en una situación de vulnerabilidad extrema, sino que también pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el orden y el ejercicio de derechos laborales fundamentales en zonas de alta conflictividad. Este patrón de inacción institucional frente al crimen organizado en el sector minero de Zacatecas representa una presión crítica sobre la gobernabilidad local y la seguridad industrial, con implicaciones directas para la estabilidad laboral y la inversión en la región.