La nueva LOECrim redefine el riesgo penal de los directivos y sus seguros D&O
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) no es una mera actualización técnica; es una redefinición profunda del riesgo penal corporativo que impactará directamente en la responsabilidad de los administradores y la viabilidad de sus seguros de responsabilidad civil (D&O). El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros y en debate parlamentario, amplía significativamente los supuestos en los que puede activarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que, en cascada, incrementa la exposición personal de sus máximos responsables.
El núcleo del cambio radica en cómo la nueva norma interpreta y aplica los modelos de prevención del delito. La LOECrim refuerza la obligación de las empresas de contar con protocolos eficaces y exige una supervisión activa por parte de los órganos de administración. Un fallo en estos sistemas, o la mera inactividad ante riesgos conocidos, podría desencadenar procedimientos penales contra la empresa y, por extensión, contra sus directivos (Directors & Officers). Esta conexión directa entre la culpa corporativa y la responsabilidad personal es lo que tensiona al máximo el actual marco de los seguros D&O.
El sector asegurador y los despachos de abogados especializados ya analizan cómo las nuevas exigencias de diligencia y supervisión podrían convertirse en exclusiones de cobertura. Las pólizas D&O podrían ver limitada su eficacia ante sanciones derivadas de una gestión deficiente de los riesgos penales. Esto sitúa a los consejos de administración bajo una presión sin precedentes: deben revisar urgentemente sus compliance y, simultáneamente, negociar cláusulas de cobertura que reflejen este nuevo panorama legal. La reforma traslada el foco del evento delictivo a la calidad de los sistemas de control, redefiniendo el concepto mismo de 'riesgo asegurable' para la alta dirección.