Lafarge condenada por financiar al Estado Islámico para mantener su fábrica en Siria
La justicia francesa ha impuesto condenas de prisión efectiva a exaltos directivos de la cementera Lafarge por financiar a grupos terroristas, incluido el Estado Islámico, durante la guerra de Siria. El Tribunal Correccional de París dictaminó que la empresa pagó cerca de 5,6 millones de euros a estas organizaciones entre 2013 y 2014 con un único objetivo: garantizar la continuidad de las operaciones de su planta en el norte de Siria. El antiguo consejero delegado, Bruno Lafont, recibió una pena de seis años de prisión con ingreso inmediato, mientras que el exdirector adjunto, Christian Herrault, fue condenado a cinco años. La compañía, ahora parte del grupo suizo Holcim, fue multada con 1,125 millones de euros, la sanción máxima posible.
La sentencia establece un precedente histórico al responsabilizar penalmente a una gran corporación y a sus ejecutivos por financiación del terrorismo en un contexto de conflicto. Los pagos, realizados a través de intermediarios, sirvieron para asegurar el paso de materias primas y personal, así como para 'comprar' la seguridad de la instalación en una zona controlada por grupos yihadistas. El tribunal desestimó la defensa de la empresa, que alegaba actuar bajo coacción para proteger a sus empleados, considerando que los directivos buscaron activamente un acuerdo comercial con los terroristas.
El fallo somete a un escrutinio sin precedentes las prácticas de las multinacionales que operan en zonas en guerra y plantea graves cuestiones de compliance y gobernanza corporativa. La condena de Lafarge, un gigante industrial emblemático, envía una señal contundente a nivel global: la búsqueda de beneficio económico no puede justificar la complicidad con el terrorismo. El caso abre la puerta a posibles acciones legales en otros países y aumenta la presión sobre las empresas para que implementen controles extremos en sus cadenas de suministro y operaciones en contextos de alto riesgo.