Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa Catalá y a la presidenta del Puerto de Valencia por 'recolocación a dedo'

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación formal contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El núcleo del caso es una supuesta 'recolocación a dedo' de personal público, un procedimiento que desató la denuncia original y que ahora ha derivado en la designación de un fiscal instructor. La investigación judicial ya está en marcha, con un decreto de la Fiscalía fechado el 11 de marzo, lo que marca un paso significativo en la escalada del escrutinio legal.

Las diligencias no solo apuntan a las máximas responsables, Catalá y Chao, sino que también incluyen a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, junto a cuatro trabajadores públicos. La trama se centra en la creación de puestos de trabajo en diversas entidades municipales para acoger a personal procedente del extinto Consorcio Valencia 2007, la entidad que gestionaba el complejo de La Marina y que fue liquidada. Esta maniobra, denunciada inicialmente por el grupo municipal Compromís, sugiere un posible desvío de la contratación pública hacia cauces discrecionales.

El caso pone bajo una lupa intensa la gestión de personal entre administraciones públicas en Valencia, conectando directamente al Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria. La investigación de Anticorrupción abre un frente de presión institucional que podría afectar a la estabilidad política local y a la reputación de entidades clave en la gestión de infraestructuras. Aunque las acusaciones son por ahora presuntas, el hecho de que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto señala la seriedad de los indicios y coloca a los investigados en una posición de máxima vulnerabilidad ante la justicia.