Esposa de Santos Cerdán (PSOE) se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado, alega investigación penal contra su marido
Francisca Muñoz Cano, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha ejercido su derecho a guardar silencio ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Su negativa a declarar se fundamenta en dos argumentos clave: afirma carecer de información relevante sobre el objeto de la comisión y, de manera más significativa, alega que su marido está siendo investigado en un procedimiento penal. Esta comparecencia, que comenzó con un retraso de veinte minutos debido a un desacuerdo sobre su asistencia con dos abogados —solicitud rechazada por la Presidencia del PP—, sitúa directamente la sombra de una investigación judicial sobre un alto cargo socialista en el centro del escrutinio político.
Muñoz Cano compareció únicamente tras un requerimiento formal con apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales por incomparecencia. Sin embargo, una vez ante los senadores, fue contundente: al ser citada en su condición de cónyuge de Santos Cerdán, se negó a responder cualquier pregunta, invocando la situación procesal de su marido. Este movimiento traslada la presión de la comisión parlamentaria al ámbito de los juzgados, vinculando de forma explícita las pesquisas políticas sobre los contratos de mascarillas con una investigación penal activa que afecta a una figura central del partido en el gobierno.
La negativa a declarar bajo este pretexto no solo paraliza la línea de investigación de la comisión respecto a Cerdán, sino que intensifica el foco sobre la naturaleza y el alcance de la causa judicial en la que estaría inmerso el ex número tres del PSOE. El episodio convierte a la comisión en un escenario donde se cruzan la rendición de cuentas política y la defensa procesal, evidenciando cómo las investigaciones penales sobre altos cargos pueden bloquear el trabajo de control del Senado. La estrategia de la familia Cerdán apunta a un blindaje legal que deja en suspenso las preguntas políticas, al menos hasta que se aclare el estatus de la causa penal.