Gobierno Vasco defiende progresiones de grado de presos de ETA ante acusaciones de Vox y malestar de víctimas
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, se ha visto obligada a defender públicamente las progresiones de grado concedidas a presos de ETA, negando rotundamente que sean un "privilegio" o producto de "estrategias políticas". Esta defensa surge como respuesta directa a las duras acusaciones lanzadas en el Parlamento Vasco, que han puesto el foco en una práctica administrativa que genera profundo malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo.
La polémica fue llevada al pleno por la representante de Vox, Amaia Martínez, quien cuestionó las últimas concesiones realizadas en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Martínez no solo criticó la medida, sino que acusó al ejecutivo vasco de extender un "enorme manto de opacidad y secretismo" para ocultar, según ella, la verdadera naturaleza de estas decisiones. En el centro de la acusación está la afirmación de que las progresiones se basan en los llamados "pactos de la vergüenza" entre el PNV, el PSE y los etarras, una narrativa que vincula la gestión penitenciaria con acuerdos políticos de alto nivel.
El enfrentamiento expone la extrema sensibilidad política y social que aún rodea a la política penitenciaria aplicada a condenados por terrorismo. Mientras el Gobierno Vasco, competente en esta materia, insiste en el estricto cumplimiento de la ley, las críticas de la oposición y el descontento de las víctimas señalan una brecha de percepción y confianza. El debate trasciende lo administrativo y se sitúa en el terreno de la memoria histórica, la justicia y la transparencia de las instituciones, manteniendo una presión constante sobre la gestión de este capítulo.