Colapso en los ayuntamientos: el Gobierno pide ayuda in extremis a municipios ante avalancha de regularizaciones

Una avalancha de solicitudes de regularización ha colapsado las oficinas municipales de toda España, desde Valencia hasta Madrid, exponiendo la falta de preparación del Gobierno central. La escena es caótica: inmigrantes se agolpan con formularios a medio rellenar, buscando certificados de empadronamiento o vulnerabilidad, mientras los técnicos municipales se ven desbordados e incapaces de atender la demanda. Este lunes arrancó la fase presencial del proceso, que se extenderá hasta el 30 de junio, y ya ha desatado una tormenta de quejas por lo que muchos califican como una "chapuza" administrativa.

La presión es tal que la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por Pilar Cancela, se ha visto obligada a pedir auxilio. El pasado viernes, Cancela remitió una carta urgente a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), solicitando colaboración a los ayuntamientos para gestionar el proceso. Esta petición in extremis confirma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez subestimó gravemente la logística necesaria para una operación de esta magnitud, delegando de facto la carga operativa en la administración local sin los recursos adecuados.

El colapso no es un problema aislado, sino sistémico, que afecta por igual a pequeñas administraciones y a grandes capitales. El fallo pone en riesgo el propio éxito de la regularización, una de las medidas estrella del Gobierno en materia migratoria. La incapacidad para gestionar el trámite presencial genera un cuello de botella que podría dejar a miles de personas en un limbo legal, aumentando la frustración social y la presión política sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en pleno año electoral.