Gobierno de Milei impulsa ley contra "fraude" en pensiones por discapacidad, enfrenta rechazo de colectivos
El Gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley que apunta directamente al sistema de pensiones por discapacidad, alegando un "fraude" masivo que ha generado una "inevitable sospecha". La iniciativa, que busca prevenir y sancionar supuestas irregularidades, ya enfrenta un fuerte rechazo de los colectivos de personas con discapacidad, quienes exigen al Ejecutivo que cumpla con la normativa vigente en lugar de reformarla.
El núcleo de la propuesta gubernamental se basa en una estadística explosiva: según el proyecto, el número de pensiones por invalidez habría pasado de 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023, un "crecimiento exponencial" que, para la administración de Milei, justifica una revisión profunda. El texto, hecho público por parlamentarios opositores, propone establecer un nuevo registro obligatorio de beneficiarios y elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad que consiga un trabajo registrado pueda mantener la pensión, un cambio que afectaría directamente los ingresos de miles de personas.
La medida coloca al Gobierno en una posición de confrontación con un sector vulnerable y pone bajo escrutinio las prácticas de las últimas dos décadas. Mientras el oficialismo argumenta la necesidad de sanear las finzas públicas y detectar irregularidades, los colectivos afectados ven en la ley un recorte encubierto y una criminalización de sus derechos. El debate tensiona la política social del nuevo gobierno y podría derivar en un conflicto institucional, dependiendo de cómo se tramite la ley en el Congreso y de la movilización que genere en la calle.