La jueza de Santander imputa al exjefe de Costas por la tragedia de El Bocal

La investigación judicial por el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander, que costó la vida a seis jóvenes en 2022, ha dado un giro institucional significativo. La jueza instructora ha decidido imputar al que fue jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria, quien ostentó ese cargo desde la instalación de la infraestructura hasta su jubilación en mayo de 2023. El auto judicial señala que, durante ese extenso periodo, el funcionario tuvo una "posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela", con la obligación legal de promover y verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias.

La decisión se fundamenta en las conclusiones del informe pericial encargado por el juzgado. Según el escrito, en esta fase procesal se puede sostener que "la ausencia de inspección y mantenimiento" de la pasarela constituye una omisión que podría ser constitutiva de un delito. La imputación no solo individualiza una responsabilidad técnica y administrativa de larga data, sino que proyecta la investigación hacia la gestión interna de Costas durante más de una década, ampliando el foco más allá de los posibles fallos puntuales.

Este paso judicial sitúa bajo un escrutinio directo a la administración pública responsable del mantenimiento de las infraestructuras costeras. La imputación de un alto cargo, ya jubilado, por un delito relacionado con la seguridad de una obra pública, genera una presión considerable sobre la Demarcación de Costas y plantea preguntas urgentes sobre los protocolos de supervisión en toda la región. El caso trasciende la tragedia concreta para convertirse en un examen de los posibles fallos sistémicos en la conservación del dominio público marítimo-terrestre.