Corte de Constitucionalidad de Guatemala reactiva obligación de identificar beneficiarios finales en contratos estatales
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha restablecido una medida clave para desvelar quiénes se esconden detrás de las empresas que hacen negocios con el Estado. La resolución, publicada el 17 de abril de 2026, elimina la suspensión que impedía el conocimiento público de los propietarios y controladores efectivos de las sociedades mercantiles. Este fallo busca reforzar la transparencia en las adquisiciones públicas, un criterio considerado fundamental para prevenir conflictos de interés y prácticas de corrupción en los contratos gubernamentales.
La decisión judicial reactiva específicamente el numeral II de la literal d) del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 133-2024, ya reformado por el Acuerdo Gubernativo 208-2024. A partir de ahora, todas las sociedades mercantiles que contraten con el Estado están obligadas a consignar información detallada sobre sus accionistas y, de manera crítica, sobre las personas físicas que poseen o ejercen el control efectivo final de la entidad, ya sea de forma directa o indirecta. Esta declaración debe presentarse ante el Registro Mercantil, convirtiendo la información en un dato público.
La reactivación de esta norma coloca a las empresas bajo un nuevo nivel de escrutinio, presionando a las estructuras corporativas opacas a revelar sus verdaderos dueños. El movimiento judicial representa un paso significativo en los esfuerzos por blindar los procesos de contratación pública contra el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, al tiempo que incrementa el riesgo para aquellos que hayan utilizado sociedades anónimas para ocultar su participación en negocios con el gobierno. La medida pone a prueba la capacidad del sistema para hacer cumplir la transparencia en un sector históricamente vulnerable.