Piero Corvetto renuncia a la ONPE tras fallas logísticas que retrasaron votación en Lima
La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no es una salida administrativa rutinaria, sino el punto crítico de una crisis de confianza en pleno proceso electoral. El detonante fueron graves fallas logísticas durante la primera vuelta del 12 de abril, donde retrasos en la distribución del material electoral impidieron la instalación oportuna de mesas en al menos cinco locales de Lima Metropolitana. Esta anomalía obligó a que más de 55,000 ciudadanos tuvieran que votar al día siguiente en 13 locales, un hecho sin precedentes que socavó la credibilidad del organismo a puertas de la segunda vuelta del 7 de junio.
La situación desató una reacción institucional inmediata y escalonada. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros funcionarios, mientras que el Ministerio Público inició sus propias investigaciones. La presión se intensificó con una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual finalmente aceptó la dimisión de Corvetto. Su salida no resuelve el problema de fondo, sino que lo expone, dejando a la ONPE en una posición de extrema vulnerabilidad operativa y bajo el escrutinio público y legal.
El escándalo trasciende la salida de un funcionario y pone en riesgo la integridad de la segunda vuelta presidencial. La ONPE, ahora sin su máxima autoridad, debe reorganizar la logística bajo una lupa intensa, con investigaciones penales en curso y una ciudadanía alerta. El episodio genera una presión política adicional sobre el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral en su conjunto, en un contexto donde cualquier nueva irregularidad podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad del proceso.