Caso VPP Alicante: la jueza cita como investigados a la exedil de Urbanismo y a 14 personas por la adjudicación de viviendas en Les Naus
La jueza que instruye el caso sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan (Alicante), ha dado un paso clave al citar como investigados a 15 personas para los meses de mayo y junio. Entre los señalados figuran la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman; un arquitecto municipal; y el administrador único de Fraorgi, la gestora de la cooperativa promotora del complejo. La citación, notificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), eleva la presión judicial sobre una trama que involucra a altos cargos municipales y autonómicos.
El foco de la investigación se centra en presuntas irregularidades en la concesión de estas VPP, un proceso que ya había generado alertas internas. La lista de investigados incluye también al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, el funcionario que la Generalitat suspendió de empleo y sueldo precisamente por los visados de esta promoción. Además, la magistrada ha citado a otras diez personas en calidad de investigadas, todas ellas beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas en el complejo, lo que sugiere que la pesquisa abarca tanto a los gestores como a los receptores de las viviendas.
Paralelamente, el tribunal ha acordado la citación de siete testigos, lo que amplía el perímetro de la instrucción. Este caso expone tensiones en la gestión de vivienda pública en Alicante, con posibles ramificaciones políticas y administrativas. La exedil Gómez, figura clave del urbanismo local durante su mandato, enfrenta ahora un escrutinio que podría afectar a la credibilidad de los procesos de adjudicación. La investigación, aún en fase inicial, apunta a un posible entramado de favoritismos y fallos de control en un sector sensible como la vivienda protegida, donde la demanda social es alta y la transparencia, crucial.