Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar del SIN que impulsa denuncias de fraude electoral sin pruebas, dos días tras salida de Piero Corvetto
La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, sostuvo un encuentro reservado con el coronel en retiro del Ejército y exintegrante del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) Jaime Miguel Cabrera Buleje, quien difunde denuncias de fraude electoral sin respaldo probatorio. El registro institucional de visitas confirma que la reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar el 23 de abril en el despacho de la magistrada, apenas 48 horas después de que el máximo órgano disciplinario judicial aceptara la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La conexión entre ambos hechos genera interrogantes sobre el contexto y la intencionalidad del encuentro. Cabrera Buleje, además de su trayectoria militar, es conocido por promover versiones sobre supuestas irregularidades electorales que no han sido acreditadas ante ninguna autoridad judicial. Simultáneamente, Corvetto, otros funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa de transportes Gálaga enfrentan una investigación fiscal por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, motivada por los graves retrasos en la apertura de centros de votación en Lima durante los últimos procesos electorales.
El episodio eleva las tensiones en torno a la independencia y el manejo interno de la JNJ, entidad que concentra facultades disciplinarias sobre jueces y fiscales del país. La cercanía temporal entre la reunión documentada y la aceptación de la renuncia de Corvetto refuerza la presión sobre Cabrera para esclarecer la naturaleza de sus vínculos con actores que cuestionan la legitimidad del proceso electoral sin presentar evidencias. El caso también expone la intersección entre redes militares en retiro, instituciones electorales y procesos disciplinarios en un momento de especial vulnerabilidad para la credibilidad del sistema de justicia peruano.