Los Escribano venden su 14,3% en Indra: el Gobierno abrió la puerta, pero la compra de EM&E sigue sin ser un camino cerrado

La familia Escribano ha vendido su participación del 14,3% en Indra, apenas semanas después de que Ángel Simón abandonara la presidencia de la compañía tecnológica y de defensa. Esa doble condición —su marcha del órgano de administración y la desvinculación accionarial— fue impuesta por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que detectó un conflicto de interés al supervisar el proceso de compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra. Sobre el papel, el principal escollo regulatorio se ha despejado: nada impide ya continuar una transacción calificada por el Ejecutivo como estratégica para el sector de defensa nacional.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso advierten que el camino no está trazado de forma irreversible. La salida de Simón y la desinversión accionarial responden a condiciones formales del regulador, pero no garantizan por sí solas que la operación concluya tal como estaba diseñada inicialmente. El relato oficial sugiere una resolución limpia del conflicto, pero la situación es más volátil de lo que la cronología de hitos sugiere: mientras los implicados desenredaban la madeja de intereses superpuestos, el foco de atención se ha desplazado hacia otras variables que el mercado empieza a rastrear con cautela.

La operación sitúa bajo presión tanto a Indra como al propio ecosistema de proveedores de defensa vinculados a EM&E. El Gobierno, como máximo accionista de Indra, ha apostado por la consolidación del sector bajo un actor doméstico de escala, pero la combinación de ventas forzadas, presidencias rotatorias y requisitos de separación accionarial deja interrogantes sobre la estructura definitiva del grupo resultante y sobre quién ejerce finalmente el control operativo sobre activos considerados sensibles.