Gobierno colombiano gestiona suspensión de capturas contra 29 miembros del Clan del Golfo para trasladarlos a zonas de sometimiento
El Ejecutivo de Colombia pidió a la Fiscalía General suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, en un movimiento que busca acelerar el traslado de estos criminales a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) pactadas como parte del proceso de sometimiento. La medida, confirmada este viernes, representa la primera fase operativa del acuerdo alcanzado el año pasado en Doha entre el Gobierno y los líderes de la organización criminal autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), sucesora histórica de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El operativo se concentra en cinco municipios donde el Clan del Golfo mantiene su presencia: Mutatá, en Antioquia, y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en Chocó, departamento fronterizo con Panamá. La estrategia incluye una etapa inicial denominada "construcción de confianza" y un programa de sustitución de cultivos ilícitos como condiciones previas al ingreso formal al esquema de justicia transicional. El proceso busca que los capturas sean diferidas mientras los sujetos se reubican voluntariamente en los puntos designados.
La decisión expone al Gobierno a cuestionamientos sobre los alcances reales del sometimiento y las garantías de cumplimiento por parte de una estructura que mantiene operaciones de narcotráfico, minería ilegal y extorsión en vastas zonas del territorio nacional. El Clan del Golfo, con miles de integrantes activos, es considerado la mayor banda criminal del país, y su eventual sometimiento masivo podría reconfigurar el mapa de violencia en regiones donde el Estado tiene presencia limitada.