Congreso archiva denuncia contra Patricia Benavides por presunto cohecho e interferencia en la Corte de Lima
El Congreso de la República volvió a blindar a la fiscal suprema Patricia Benavides al ordenar el archivo de una nueva denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. La decisión cierra temporalmente una de las causas penales más sensibles contra la ex jefa del Ministerio Público, quien enfrentaba acusaciones de cohecho activo específico por supuestamente interferir en la Corte Superior de Justicia de Lima para obtener fallos favorables.
La denuncia constitucional 572 se centró en las gestiones que Benavides habría realizado para influir en el Poder Judicial durante el proceso de amparo que interpuso contra la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia en 2023. El conflicto se originó cuando la JNJ inició una investigación preliminar contra la entonces fiscal de la Nación por el desmantelamiento del Equipo Especial Cuellos Blancos y la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla. Benavides calificó la decisión como "nula" y respondió con una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y una acción de amparo paralela.
El archivo de esta denuncia refuerza el patrón de protección institucional que Benavides ha recibido desde el Parlamento, donde cuenta con respaldo de bloques mayoritarios. La decisión complica los esfuerzos de fiscalización sobre su gestión y deja en evidencia las tensiones entre el Ministerio Público, la JNJ y el Congreso. La exfiscal Espinoza había intentado activar mecanismos de control ante presuntas irregularidades en la intervención de órganos judiciales, pero la votación legislativa bloqueó el avance de la causa. Este desenlace mantiene vigente la pregunta sobre los límites de la accountability en las altas instancias del sistema de justicia peruano.