Delcy Rodríguez denuncia jueces que cobran por la amnistía en Venezuela y exige sanciones
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente que existen jueces que exigen pagos a cambio de gestionar la libertad de beneficiarios de la Ley de Amnistía, una práctica de corrupción que afecta directamente el proceso de liberación de presos políticos en el país. "Las desviaciones del sistema de justicia penal han existido y existen. Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar", declaró Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, en una de las pocas admisiones oficiales sobre el deterioro del sistema judicial venezolano.
Las denuncias sobre cobros ilícitos en tribunales no son nuevas. En marzo, familiares de presos políticos reportaron que algunos juzgados exigían pagos en dólares para entregar las notificaciones que formalizan la libertad plena bajo la amnistía aprobada en febrero. La normativa contempla un período de 27 años desde 1999, pero solo concede beneficios a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años específicos, lo que excluye la mayoría de los casos y ha generado un espacio propicio para la extorsión judicial.
La declaración de Rodríguez, una de las figuras más visibles del chavismo, coloca bajo escrutinio la cadena de mando dentro del sistema judicial venezolano y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar que la amnistía se aplique sin intermediarios corruptos. Hasta ahora no se han anunciado investigaciones formales ni sanciones contra los jueces señalados, lo que mantiene en vilo a los familiares que esperan la liberación de sus allegados.