Batalla por la Ley de Glaciares: 100.000 inscriptos, presión minera y una cautelar judicial

El gobierno nacional se enfrenta a un proceso de audiencias legislativas masivo y tenso por la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. La presión es inmediata: más de 100.000 personas se inscribieron para participar en el debate en la Cámara de Diputados, una cifra que llevó al Ejecutivo a intentar poner un límite y que ya generó una medida cautelar para solicitar la ampliación de las audiencias. Este pulso inicial marca el tono de una batalla que el oficialismo busca acelerar, en medio de un clima político turbulento.

El núcleo del conflicto radica en los cambios sustanciales que introduce el proyecto. La reforma modifica críticamente la definición de 'ambiente periglacial' y el mecanismo de protección, lo que reduce el alcance de las zonas protegidas. En lugar de una prohibición automática, el nuevo texto establece evaluaciones caso por caso sobre la función hídrica de estas áreas. Además, otorga mayor poder a las provincias para decidir qué territorios quedan bajo protección o pueden ser explotados, aunque mantiene formalmente la protección de los glaciares y el inventario nacional como referencia técnica.

Estas modificaciones abren la puerta a una mayor actividad minera en regiones previamente restringidas, colocando al gobierno en el centro de un choque entre intereses económicos, autonomías provinciales y la presión de la sociedad civil y ambientalista. El proceso en Diputados se convierte así en un campo de prueba crucial para la agenda legislativa oficialista, donde cada audiencia y cada decisión sobre su alcance pueden definir no solo el futuro de la ley, sino también la capacidad del gobierno de manejar conflictos de alta intensidad política y social.