Milei lanza ofensiva legal para blindar la propiedad privada y redefinir las expropiaciones estatales
El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma estructural que busca reescribir las reglas de uno de los poderes estatales más sensibles: la expropiación. Tras sus victorias legislativas, el Ejecutivo coloca en la agenda parlamentaria un proyecto del Consejo de Mayo para modificar la Ley 21.499, con el objetivo declarado de reforzar la seguridad jurídica y limitar la discrecionalidad del Estado al adueñarse de bienes privados por utilidad pública. La iniciativa no es un ajuste menor; redefine aspectos centrales del proceso, alterando cómo se calcula la indemnización, los plazos de pago y las herramientas que puede utilizar el Estado durante el trámite.
El cambio más técnico y significativo reside en la definición del 'precio justo'. La propuesta sustituye el valor 'objetivo' por el valor 'de mercado' como base para la indemnización, un movimiento que busca anclar la compensación en parámetros económicos concretos y, en teoría, menos manipulables. Este rediseño del mecanismo de cálculo busca cerrar posibles márgenes de interpretación discrecional que, según la visión oficial, han caracterizado procesos anteriores.
La reforma, al redefinir las reglas de juego para la adquisición forzosa de bienes, genera una presión directa sobre la relación histórica entre el poder estatal y los derechos de propiedad. Su avance en el Congreso pondrá a prueba la capacidad de construcción política del oficialismo en un tema de alta sensibilidad institucional y económica, mientras sectores vinculados a la propiedad y la inversión observan de cerca cómo se reconfiguran las garantías frente a la acción del Estado.