Juez de EEUU rechaza desestimar cargos contra Maduro; defensa alega bloqueo financiero por sanciones
El juez federal Alvin Hellerstein rechazó tajantemente la petición de la defensa de Nicolás Maduro para desestimar los cargos por narcotráfico, manteniendo la presión judicial sobre el mandatario venezolano. En una audiencia clave en la corte federal de Manhattan, el magistrado declaró: "No voy a desestimar el caso", despejando cualquier duda sobre la continuidad del proceso. Este rechazo se produce a pesar del argumento central de la defensa: que las sanciones financieras de Estados Unidos impiden a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acceder a fondos para pagar su representación legal, planteando un conflicto entre el derecho a una defensa y la política de sanciones.
La audiencia reveló una compleja tensión legal y financiera. El juez Hellerstein planteó explícitamente la posibilidad de que los fondos disponibles de Maduro y Flores pudieran estar sujetos a decomiso o sanciones, lo que genera incertidumbre sobre si la corte puede solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las restricciones. El tribunal, en un movimiento que profundiza el escrutinio, solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba que investigue si los acusados disponen de recursos alternativos para financiar su defensa, más allá de los activos directamente bloqueados.
Este desarrollo judicial mantiene a Maduro en una posición de alta vulnerabilidad legal. El caso, que sigue su curso tras su arresto en Caracas a principios de enero de 2026, ahora enfrenta el obstáculo práctico de la defensa financiada. La negativa del juez a desestimar los cargos, combinada con la orden de investigar fondos alternativos, señala que la corte prioriza el avance del proceso penal sobre las dificultades logísticas de la defensa. La situación expone cómo las sanciones económicas, diseñadas como herramienta de presión geopolítica, pueden colisionar directamente con los mecanismos del sistema judicial estadounidense, creando un precedente sobre el manejo de activos de figuras sancionadas en procesos penales.