ONG acusa al Gobierno de Sheinbaum de minimizar crisis de desaparecidos y excluir a víctimas

Organizaciones civiles, encabezadas por Fundar, denuncian que el Gobierno mexicano está reduciendo la profunda crisis de desapariciones a una mera gestión de carpetas ministeriales, una decisión que invisibiliza a las víctimas y sus familias. Las críticas se dirigen directamente a la presentación de avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que este enfoque técnico-burocrático constituye un grave error metodológico y, sobre todo, una decisión política que omite la dimensión humana del drama.

Las organizaciones que acompañan a las familias buscadoras detallan una serie de omisiones oficiales: la negación de las desapariciones forzadas, la exclusión de los colectivos de víctimas del diálogo técnico y el riesgo de un subregistro masivo que distorsione la verdadera magnitud de la tragedia. Este patrón, según señalan, no es nuevo; desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado sistemáticamente minimizar el alcance del problema.

La denuncia pone bajo una lupa incómoda la narrativa oficial, que confirma la existencia de más de 130,000 personas desaparecidas o no localizadas. La tensión central radica en el choque entre la gestión estadística del Estado y la exigencia de reconocimiento y justicia por parte de la sociedad civil. Esta exclusión del diálogo técnico no solo profundiza la desconfianza, sino que también arriesga perpetuar un sistema de búsqueda que falla en su propósito fundamental: encontrar a las personas y hacer justicia.