Tesla y Electra denuncian: España tarda 2 años en activar un cargador ultrarrápido, frente a 6 meses en Francia

La patronal española de recarga ultrarrápida, impulsada por Tesla y liderada por Electra, lanza una advertencia contundente: la burocracia está estrangulando la inversión en el vehículo eléctrico. Mientras en países como Francia o Bélgica un proyecto de punto de recarga público tarda unos seis meses en estar operativo, en España el proceso se alarga hasta dos años. Este cuello de botella administrativo no solo frena la transición energética, sino que desvía capital hacia mercados donde el retorno de la inversión es significativamente más rápido.

Bastien Verot, consejero delegado de Electra España y nuevo presidente de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), expone la frustración del sector. "Invertimos mucho dinero y tenemos que esperar años para ponerlos en marcha", afirma. La demora, que abarca desde la firma del proyecto hasta la puesta en funcionamiento, genera una pregunta inevitable para los inversores: ¿por qué apostar por España cuando otros países ofrecen un ciclo de retorno mucho más ágil? La asociación, que agrupa a los principales actores del mercado, rota su presidencia cada seis meses entre sus fundadores.

La denuncia pública, realizada en una entrevista con Cinco Días, sitúa la presión directamente sobre las administraciones públicas españolas. El mensaje es claro: sin una agilización radical de los trámites, España corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera por la electrificación del transporte, perdiendo inversiones multimillonarias que fluyen hacia territorios con marcos regulatorios más eficientes. El retraso no es solo un problema logístico, sino una seria desventaja competitiva que podría relegar al país en un sector estratégico para la próxima década.