Secretario de Seguridad de Medellín estalla contra Fiscalía por suspender órdenes de captura a 23 cabecillas criminales

El proceso de paz con bandas urbanas en Medellín ha desatado una crisis interna de seguridad. La Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz, suspendió mediante resolución las órdenes de captura contra 23 cabecillas de grupos delincuenciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La medida, formalizada el 27 de marzo, busca facilitar las negociaciones, pero ha provocado una reacción furiosa desde la primera línea de la seguridad ciudadana.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, rechazó de plano la decisión en un explosivo mensaje en la red social X. El funcionario local, cuya autoridad opera directamente en el territorio afectado, acusó al gobierno central de enviar un mensaje catastrófico: "Ser bandido paga". Su declaración constituye una ruptura pública y una denuncia frontal contra la estrategia del gobierno Petro, exponiendo la profunda grieta entre las autoridades locales que enfrentan la violencia diaria y la política nacional de 'paz total'.

La Fiscalía intentó matizar el alcance de su resolución, aclarando que no implica la liberación de quienes ya están condenados o detenidos. Sin embargo, el daño político y operativo ya está hecho. La suspensión de órdenes judiciales para negociar con estructuras criminales activas coloca a las fuerzas locales en una posición imposible, deslegitima la acción policial y genera un riesgo inmediato de impunidad y fortalecimiento de los grupos armados. El estallido de Villa Mejía es la señal más clara de que la implementación de la paz está fracturando al Estado desde dentro.