Fiscalía levanta órdenes de captura contra 23 jefes criminales en Medellín para facilitar diálogos de paz
La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 presuntos líderes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, una decisión judicial de alto impacto que ha desatado una fuerte reacción política. La medida, formalizada en la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, responde a una solicitud directa del Consejero Comisionado de Paz del Gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo explícito de permitir que estas figuras participen en espacios de diálogo para un sometimiento colectivo.
La suspensión, que tendrá una vigencia de seis meses, busca vincular a estos voceros a los llamados 'encuentros sociojurídicos' promovidos por la administración Petro. Estos escenarios forman parte de la política de 'Paz Total' y están dirigidos específicamente a las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai). La decisión judicial, por tanto, opera como un instrumento para facilitar la negociación política con actores armados al margen de la ley.
La polémica estalló de inmediato. El reconocido abogado Abelardo de la Espriella lanzó un duro ataque contra el Gobierno, calificando la medida como una capitulación y afirmando que estos jefes criminales 'serán los jefes de campaña del cobarde'. Esta crítica pone en evidencia la profunda tensión que genera la estrategia de paz del Gobierno Petro, al priorizar el diálogo sobre la acción judicial inmediata. La suspensión de órdenes de captura para facilitar conversaciones coloca a la Fiscalía en un delicado equilibrio entre el imperio de la ley y los objetivos políticos de pacificación, un movimiento que redefine el panorama de seguridad en Antioquia y somete a prueba la legitimidad del proceso.