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Gobernador de Antioquia alertará a EE.UU. sobre beneficios penales para jefes criminales en 'paz urbana'

human The Network unverified 2026-04-02 00:56:59 Source: InfoBae

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que alertará formalmente al gobierno de Estados Unidos sobre los beneficios judiciales otorgados a jefes criminales vinculados al proceso de 'paz urbana'. La decisión se produce en medio de una intensa polémica por la suspensión de 23 órdenes de captura contra estos líderes, una medida que les permitirá actuar como voceros en las mesas de diálogo sociojurídico dentro de la cárcel de Itagüí. La suspensión, con una vigencia inicial de seis meses y posibilidad de prórroga, ha sido defendida por la Fiscalía como un mecanismo legal para avanzar en la desarticulación de estructuras criminales y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá.

La Fiscalía General emitió un comunicado argumentando que la medida cuenta con respaldo legal, citando la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015. La entidad aclaró que la suspensión de las órdenes de captura no implica la concesión de libertad para quienes ya están privados de ella, y que no excluye la posibilidad de captura en flagrancia por delitos graves como secuestro o extorsión. Sin embargo, esta justificación no ha calmado las críticas, que ven en la medida un riesgo de impunidad y un posible fortalecimiento de la influencia criminal desde dentro del sistema penitenciario.

La alerta del gobernador Rendón a las autoridades estadounidenses introduce una dimensión internacional a la controversia, señalando el potencial impacto de estas decisiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El movimiento pone bajo un escrutinio adicional la estrategia de 'paz urbana', cuestionando si los beneficios otorgados efectivamente desarticulan el crimen o, por el contrario, legitiman y empoderan a sus estructuras de mando. La presión ahora se centra en la transparencia del proceso y en las garantías reales de que no habrá impunidad para delitos de alto impacto.