Juez Sebastián Ramos investiga denuncia por operaciones de desinformación financiadas por Rusia en Argentina

Una denuncia formal por la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia, ha sido radicada ante la Justicia Federal. El juez federal porteño Sebastián Ramos y el fiscal federal Ramiro González quedaron a cargo de la causa, tras un sorteo realizado este lunes. La presentación, concretada el viernes pasado por el abogado Jorge Monastersky, desplaza el caso del plano periodístico al institucional, fundamentándose especialmente en un reciente comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La denuncia alega la organización de una red con financiación externa, cuyas actividades estarían orientadas a influir en la opinión pública y el debate ciudadano, con potencial impacto en el funcionamiento institucional argentino. Monastersky reclama que se evalúe si estas operaciones configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional. La existencia de un comunicado oficial de inteligencia estatal como base de la denuncia otorga un carácter formal y grave a las acusaciones, que ya no se limitan a investigaciones periodísticas.

El caso abre una investigación judicial sobre una de las amenazas más sensibles para la soberanía democrática: la manipulación informativa financiada desde el exterior. La asignación a un juez federal marca el inicio de un proceso que podría examinar flujos de dinero, redes de influencia y los mecanismos concretos de estas supuestas operaciones. La causa pone bajo escrutinio legal la posible injerencia rusa en el espacio público argentino, un tema que ahora deberá ser probado o descartado en sede judicial.