Armengol y Torres niegan órdenes directas en el 'caso mascarillas' mientras Ábalos y Koldo enfrentan hasta 30 años de cárcel
El juicio por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia arrancó en el Tribunal Supremo con la declaración escrita de dos altos cargos del Gobierno que niegan cualquier injerencia. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, testificaron que durante sus mandatos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, no dieron órdenes para que sus gobiernos autonómicos compraran material a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Sus declaraciones, leídas ante el tribunal, buscan desvincular a la cúpula política de la adjudicación millonaria que ahora se juzga.
El proceso judicial se centra en las acciones de los principales acusados: el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes enfrentan peticiones fiscales de hasta 30 años de prisión por delitos de corrupción. Para Víctor de Aldama, dueño de la empresa proveedora, la Fiscalía pide 7 años de cárcel tras haber reconocido los hechos. La defensa de Armengol fue contundente: alegó que, como presidenta del Govern balear, no estaba al tanto de la tramitación concreta de expedientes administrativos y no intervino en la selección del proveedor.
El caso expone las tensiones entre la responsabilidad política y la gestión operativa durante la emergencia sanitaria, poniendo bajo el foco los procedimientos de contratación urgente. Las declaraciones de Armengol y Torres, ambos ahora en cargos nacionales, buscan establecer una barrera entre la toma de decisiones políticas de alto nivel y la ejecución administrativa que derivó en la presunta trama. El desarrollo del juicio determinará si la justicia acepta esta separación de responsabilidades o si encuentra indicios de una cadena de mando que favoreció a una empresa concreta en medio de la crisis.