Exfiscal de Lava Jato, José Domingo Pérez, asume la defensa legal del expresidente Pedro Castillo

El exfiscal especial del emblemático caso Lava Jato, José Domingo Pérez, ha asumido la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva por el intento de autogolpe de 2022 y enfrenta un proceso separado por presunta corrupción. El anuncio, realizado por Pérez a las puertas del penal de Barbadillo, inyecta una nueva y significativa tensión en el ya polarizado panorama judicial peruano, alinear a una figura clave de la lucha anticorrupción con la defensa del mandatario depuesto.

Pérez, quien fue fiscal en procesos de alto perfil contra expresidentes y empresarios, declaró que asume la defensa "con el objetivo de buscar la libertad" de Castillo, a quien calificó como un "presidente secuestrado". En un video difundido en redes sociales, el abogado argumentó que el proceso judicial contra Castillo ha merecido "el repudio de muchos juristas internacionales", alegando que se le privó de libertad "sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección" y con "jueces parcializados".

Este movimiento trasciende un mero cambio de abogado. Sitúa a una figura históricamente asociada a la persecución de la corrupción de la élite política en el centro de la defensa de Castillo, cuyo gobierno y posterior destitución han profundizado la crisis institucional del país. La estrategia de Pérez parece apuntar a internacionalizar el caso y cuestionar la legitimidad del proceso desde sus fundamentos, lo que podría reabrir el debate sobre la independencia judicial y las garantías procesales en Perú, ejerciendo una presión legal y política distinta sobre el Poder Judicial y el gobierno de Dina Boluarte.