Exguerrillero chileno Galvarino Apablaza pide a la ONU frenar su extradición por riesgo de tortura
Mientras el gobierno chileno oficializaba una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, el exguerrillero Galvarino Apablaza, a través de su abogado, solicitó urgentemente a la ONU paralizar su proceso de extradición. La petición, presentada ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, alega un grave "riesgo de tortura" y califica a Apablaza como un "perseguido político". El letrado Rodolfo Yanzón advirtió que la extradición configuraría un "daño irreparable" para su cliente, en un caso que mezcla un histórico crimen político con una intensa presión internacional.
La recompensa millonaria busca datos que conduzcan a la captura de Apablaza, acusado del asesinato en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán y de participar en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards. En paralelo, su defensa presentó un documento de 11 páginas solicitando una "inmediata intervención" para frenar lo que califica como un proceso ilegal de detención con fines de extradición. La estrategia legal busca blindar a Apablaza apelando a mecanismos de derechos humanos en un escenario de alta tensión política.
El caso pone bajo escrutinio los procedimientos de extradición y las garantías procesales en Chile, reactivando un capítulo oscuro de la historia reciente del país. La petición a la ONU introduce una variable de presión internacional que podría complicar o retrasar significativamente la acción judicial chilena. La defensa fundamenta su urgencia en la "inminente detención", colocando al Comité de la ONU en el centro de una disputa legal con profundas raíces políticas y simbolismo histórico.