Alquiler Seguro recurre a los tribunales contra sanción firme de 3,6 millones de Consumo

La empresa de garantías de alquiler Alquiler Seguro ha agotado la vía administrativa y se prepara para una batalla judicial. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la firma del ministro Pablo Bustinduy, ha confirmado de forma definitiva la multa de 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos, desestimando el recurso de la compañía. Esta sanción, propuesta inicialmente en diciembre de 2025, se convierte ahora en firme, cerrando la puerta a cualquier apelación dentro del ámbito gubernamental y forzando a la empresa a llevar el conflicto a los juzgados.

Alquiler Seguro ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo, calificando la resolución ministerial de "injusta y arbitraria". La compañía defiende la legalidad de todos sus servicios, una postura que, según sus fuentes, está respaldada por cuatro sentencias judiciales que les habrían dado la razón en los mismos puntos por los que ahora son sancionados. Este argumento jurídico será la base de su defensa ante los tribunales, enfrentando el criterio de la autoridad de consumo con el de la justicia ordinaria.

El caso sitúa a Alquiler Seguro en una posición de máxima presión regulatoria y reputacional. Una sanción de esta cuantía, ya firme por la administración, representa un golpe significativo y un precedente en la supervisión del sector de las garantías de alquiler. El recurso judicial busca no solo anular la multa, sino también limpiar su imagen frente a inquilinos y propietarios. El desenlace de este litigio podría tener implicaciones para toda la industria, definiendo los límites de las prácticas comerciales permitidas y el alcance de la autoridad de Consumo en un mercado de vivienda en tensión.