Demanda judicial cuestiona poder de veto del Ministro de Hacienda en la Junta del Banco de la República

Una demanda ante el Consejo de Estado busca modificar la estructura de votación del Banco de la República, desafiando una regla constitucional: la obligatoriedad de la presencia del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que la junta directiva pueda reunirse y tomar decisiones. Este recurso judicial pone en el centro del debate un mecanismo que otorga al gobierno un poder de veto efectivo sobre la política monetaria del país, cuestionando su compatibilidad con la autonomía del banco central.

La acción surge en medio de una tensión institucional sin precedentes, tras el reciente retiro del Gobierno nacional del directorio. Este distanciamiento se produjo luego de que la junta decidiera aumentar la tasa de interés al 11.25%, una medida calificada por el propio ministro Ávila como "irresponsable". Ávila llegó a anunciar que no participaría en futuras sesiones, a pesar del mandato constitucional de 1991 que establece su presencia como imprescindible, creando un impasse operativo.

La demanda alega que los miembros de la junta han desconocido "permanentemente y de manera reiterada" las reflexiones del gobierno, llegando a un "exceso" en su interpretación de la realidad económica del país. El conflicto expone una fractura profunda entre la visión técnica del emisor y la política fiscal del gobierno, con implicaciones directas para la credibilidad institucional y la estabilidad económica. El resultado del litigio podría redefinir el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el banco central, un pilar fundamental de la política económica colombiana.