Fiscalía acusa a exprocurador y dos magistrados por venta ilegal de predios estatales en Atlántico

La Corte Suprema de Justicia recibió una acusación formal de la Fiscalía General contra tres altos funcionarios judiciales por su presunta intervención en la venta irregular de bienes del Estado. El exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, enfrentan cargos por decisiones que habrían permitido la enajenación de predios sujetos a medidas cautelares.

Los hechos se centran en los terrenos conocidos como 'Cuba' y 'Casablanca', ubicados en el estratégico corregimiento vial entre Barranquilla y Puerto Colombia. Según la investigación, estos inmuebles estaban bajo procesos de extinción de dominio, lo que legalmente impedía su venta o disposición. La actuación de los acusados, que se habría desarrollado entre 2009 y 2010, habría consistido en la aprobación de un acuerdo conciliatorio que burló esas restricciones, facilitando la transacción.

El caso, que ahora será juzgado directamente por la Corte Suprema, expone una grave anomalía en el manejo de bienes públicos y somete a un escrutinio sin precedentes a figuras del poder judicial en el departamento del Atlántico. La acusación formal marca un punto de inflexión en una investigación de larga data, poniendo bajo la lupa la integridad de procesos conciliatorios y la aplicación de medidas cautelares sobre activos estatales de alto valor.