Gremios panameños denuncian intromisión de la Contraloría en investigación anticorrupción
La investigación por enriquecimiento injustificado de un exvicepresidente de Panamá se ve envuelta en una crisis institucional. Gremios profesionales y de la sociedad civil han elevado una fuerte denuncia pública contra la Contraloría General de la República, acusando a sus auditores de inmiscuirse directamente en diligencias del Ministerio Público. Esta intervención, según los denunciantes, no es un mero error procedimental, sino un acto que compromete la legalidad misma del proceso penal y la integridad de la investigación.
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá ha sido el más contundente, calificando la acción de la Contraloría como una "grave afectación al principio de separación de poderes". El gremio sostiene que la irrupción de funcionarios de control fiscal en una diligencia penal constituye una intromisión clara en funciones que son exclusivas del Ministerio Público, el órgano encargado de la persecución penal. En paralelo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, se ha sumado al cuestionamiento, amplificando la presión sobre las autoridades.
La advertencia central de estas organizaciones es que tales acciones pueden debilitar severamente la confianza pública en el sistema de justicia en un momento crítico. El caso, que involucra a una figura política de alto nivel, ahora enfrenta el riesgo adicional de ser percibido como manipulado o contaminado por luchas de poder entre instituciones del Estado. El escrutinio se centra ahora en si la Contraloría sobrepasó sus límites legales y qué impacto tendrá esta controversia en el curso y la credibilidad de la investigación anticorrupción.