Vivienda retira más de 100.000 anuncios de alquiler turístico por incumplir la ley

El Ministerio de Vivienda ha intensificado su ofensiva contra el alquiler turístico irregular, obligando a la retirada de más de 100.000 anuncios desde que entró en vigor el nuevo registro obligatorio. La cifra, que supera los 100.000 anuncios eliminados entre enero de 2025 y marzo de 2026, revela la magnitud del incumplimiento en plataformas como Airbnb y Booking. El mecanismo clave es la denegación del Número de Registro Único, un requisito legal sin el cual no se puede operar. Solo en 2025, esta medida provocó la retirada de 89.430 anuncios, y el ritmo se ha mantenido alto durante el primer trimestre de este año, con una de cada cinco solicitudes rechazadas.

La normativa, que rige desde el 2 de enero aunque la obligación de inscripción se aplica desde julio, está diseñada para ejercer un control estricto sobre el sector. Los datos del Registro de la Propiedad, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran una aplicación constante de la ley, generando una presión sostenida sobre los propietarios que operan al margen de la regulación. Este escrutinio sistemático señala un cambio de paradigma, pasando de la autorregulación a una supervisión activa por parte de la administración.

La persistente tasa de rechazo de solicitudes indica que una parte significativa del mercado sigue sin adaptarse a los nuevos requisitos. Esta presión regulatoria continua no solo purga los listados ilegales, sino que también redefine las reglas del juego para toda la industria del alquiler vacacional. El impacto se extiende a las plataformas, que deben asegurar el cumplimiento, y a los mercados locales de vivienda, donde la medida busca recuperar stock para el alquiler residencial. La batalla por el control del sector ha entrado en una fase de aplicación masiva y sostenida.