Perú: Estado de emergencia permanente revela incapacidad estatal frente a homicidios que se triplicaron desde 2019

A pocos días de las elecciones, Perú enfrenta una paradoja letal: el debate sobre seguridad opera bajo la ficción de un Estado con control, mientras las cifras desnudan su ausencia real. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ha casi triplicado, escalando de 2.2 en 2019 a 6.5 en 2025. Como respuesta simbólica, Lima y Callao llevan meses bajo estado de emergencia, una medida que no ha logrado revertir la tendencia criminal. Cuando lo excepcional se vuelve habitual, deja de ser una estrategia y se convierte en una confesión de incapacidad institucional.

El discurso oficial suele atribuir la crisis a una escasez de policías, pero los números nacionales desmienten esa narrativa. Perú cuenta con cerca de 400 efectivos por cada cien mil habitantes, una cifra superior a la de países como México o Brasil. El problema estructural radica en la distribución desigual y disfuncional de esos recursos. La región de La Libertad, que presenta las tasas más altas de denuncias por homicidios y extorsión a nivel nacional, sufre la menor cobertura policial del país, con apenas 245 efectivos por cada cien mil habitantes.

Esta disparidad expone un colapso en la gestión territorial de la seguridad, donde la respuesta estatal se reduce a decretar emergencias en la capital mientras las regiones más violentas quedan desprotegidas. La paradoja electoral es profunda: los candidatos debaten políticas de seguridad como si el Estado tuviera la capacidad de implementarlas, en un contexto donde la autoridad ha demostrado, una y otra vez, que no la tiene. La emergencia continua en Lima no es un plan, es la evidencia de un vacío.