Claro enfrenta investigación de la SIC por presuntas irregularidades en ventas y financiamiento online
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha formalizado una investigación administrativa y formulado cargos contra Comcel S.A., operadora de la marca Claro, por presuntas irregularidades en su canal de comercio electrónico. La acción regulatoria, que sigue a una investigación similar anunciada contra Movistar la semana pasada, señala prácticas que afectarían los derechos de los consumidores en la venta y financiamiento de equipos tecnológicos. Las acusaciones centrales apuntan a deficiencias en la información sobre promociones y precios, y a posibles cobros de intereses que superarían los límites legales establecidos.
La investigación de la SIC se centra en la revisión de contratos y piezas publicitarias de Claro, donde se habrían detectado las irregularidades. Entre las prácticas señaladas se encuentran la falta de información clara sobre promociones y precios, posibles limitaciones al derecho de retracto de los consumidores, cobros indebidos en intereses y deficiencias en la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQR). Estas fallas, de confirmarse, representarían una violación a las normas de protección al consumidor en el país.
El proceso coloca a Claro, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Colombia, bajo un escrutinio regulatorio intenso y en la mira del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha mostrado una postura firme frente a las prácticas empresariales. La investigación abre un frente de presión institucional que podría derivar en sanciones significativas para la empresa y establecer un precedente para el sector, intensificando la supervisión sobre las ventas digitales y los esquemas de financiamiento al consumo.