México: Propietarios en riesgo de perder sus casas por delitos de inquilinos bajo Ley de Extinción de Dominio
La Ley Nacional de Extinción de Dominio en México ha creado un riesgo directo y real para los propietarios que rentan sus inmuebles. La norma, diseñada para combatir la delincuencia organizada, permite al Ministerio Público solicitar la extinción del derecho de propiedad sobre una casa o departamento si se utiliza para cometer delitos graves, incluso si el dueño no tiene relación directa con las actividades ilícitas. El proceso es independiente de la vía penal y puede iniciarse con el aseguramiento del inmueble antes de que el propietario sea notificado, dejando su patrimonio en una situación de extrema vulnerabilidad.
Los delitos que pueden desencadenar este procedimiento incluyen secuestro, trata de personas, extorsión, corrupción, robo de vehículos y delitos contra la salud. La ley no requiere la condena penal del propietario, sino que se centra en el uso del inmueble para fines delictivos. Esto significa que un arrendador puede enfrentar la pérdida total de su propiedad basándose únicamente en las acciones de sus inquilinos, sin haber participado o tenido conocimiento de los crímenes cometidos dentro de sus paredes.
La única protección real y formal que tienen los propietarios contra este riesgo es la formalización del contrato de arrendamiento ante notario público. Este documento legal se convierte en la prueba fundamental para demostrar la buena fe del dueño, su comportamiento apegado a la ley y la relación contractual con el inquilino. Sin este contrato notariado, los propietarios carecen de un escudo jurídico sólido para defenderse de una posible solicitud de extinción de dominio, quedando expuestos a un procedimiento administrativo donde la carga de la prueba recae sobre ellos para salvaguardar un patrimonio que puede haber tardado años en construir.