México, entre los países más peligrosos para ambientalistas: crimen organizado, impunidad y 1,291 agresiones documentadas
La violencia contra defensores ambientales en México no es un fenómeno aislado, sino un patrón persistente y documentado, que mantiene al país entre los más peligrosos del mundo para esta labor. Los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la organización Global Witness revelan un escenario donde las denuncias por daños ecológicos se traducen sistemáticamente en amenazas, agresiones directas y asesinatos. La impunidad que rodea estos casos es alarmantemente alta, creando un entorno de riesgo constante para quienes protegen la tierra y los recursos naturales.
El núcleo del conflicto se encuentra en las disputas por recursos naturales, donde el crimen organizado ha expandido sus operaciones hacia actividades como la tala ilegal, la minería y el control territorial. En estos contextos, los defensores ambientales y sus comunidades se convierten en blancos directos. Las cifras son contundentes: entre 2012 y 2024, el Cemda ha documentado 1,291 agresiones contra personas defensoras de la tierra en México. Esta cifra abarca desde hostigamiento y amenazas hasta desapariciones forzadas y homicidios, pintando un panorama de violencia multifacética y extendida.
La persistencia de estos ataques, junto con la débil respuesta institucional para investigarlos y sancionarlos, señala una crisis de protección de derechos humanos y una grave presión sobre la gobernanza territorial. La situación coloca a México bajo un escrutinio internacional constante por su incapacidad para garantizar la seguridad de los activistas. El riesgo no solo es para los individuos, sino que socava los esfuerzos colectivos por la conservación ambiental y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios, perpetuando ciclos de violencia e injusticia.