Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa Catalá y a la presidenta del Puerto por 'recolocación a dedo'

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación penal contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, por presunta prevaricación. El foco está en una supuesta recolocación 'a dedo' de personal del ya liquidado Consorcio Valencia 2007 en diferentes entidades municipales, un caso que salta a la luz tras una denuncia del grupo municipal Compromís.

Las diligencias judiciales, adelantadas por The Objective y confirmadas por Europa Press, no solo apuntan a Catalá —quien también presidía el Consorcio— y a Chao. También están en el punto de mira las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, junto a cuatro trabajadores públicos, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía ya designó a un fiscal instructor el pasado 11 de marzo, lo que marca el inicio formal de la investigación sobre la creación de estos puestos.

El caso pone bajo una lupa incómoda a la máxima dirigente municipal de Valencia y a la cúpula de una de las infraestructuras portuarias más importantes de España. La investigación explora si se utilizó la influencia política para garantizar empleo público a personal de un consorcio extinto, un mecanismo que, de probarse, evidenciaría un claro abuso de poder en la administración local y portuaria. La sombra de la investigación se proyecta ahora sobre la gestión de personal y las redes de influencia dentro del entramado institucional valenciano.